Ante el alarmante crecimiento de decesos que acusa el sistema de salud en todo el país como consecuencia del Covid-19, la comunidad científica, la académica, gremial y otras organizaciones del sector salud pidieron replantear la reapertura económica porque de darse, vendría un aumento significativo de muertes diarias en las próximas semanas.

Los firmantes de una declaración precisaron que, sin precedentes en las últimas décadas, Colombia atraviesa la peor crisis sanitaria, social y humanitaria. Reconocieron con alarma el hecho que la población colombiana padece el impacto de un crecimiento progresivo del tercer pico de pandemia causada por la covid-19, con altos índices de muertes y contagios, evento que redundó en el colapso de la red hospitalaria, un agudo desabastecimiento de oxígeno e insumos, así como una crisis de talento humano y el riesgo manifiesto para la sostenibilidad del sistema sanitario.

Las asociaciones médicas y un sector del empresariado estimaron apremiante que, en medio de esta crisis humanitaria, el gobierno expidiera la resolución 777 del 2 junio de 2021, cuyos lineamientos, según los datos oficiales actuales, no tienen conexión con el contexto epidemiológico del país, por lo cual consideran que esa política pública coyuntural debe ser sometida a un nuevo análisis de validez, precisión, oportunidad y pertinencia ante la urgente situación sanitaria que compromete la vida de miles de personas.

“La comunidad científica, académica, gremial y otras organizaciones del sector salud, comprometidos en la defensa del derecho fundamental a la salud y bajo principios éticos, profesionales y de responsabilidad social, consideramos pertinente aportar datos y elementos técnicos para generar acciones concretas basadas e informadas en la evidencia científica para enfrentar la pandemia”, dice el documento.

En la declaración, los firmantes solicitaron de forma perentoria, derogar la resolución 777 de junio 2 de 2021 y manifestaron su disposición para contribuir con soluciones basadas en datos y evidencia científica, pragmáticas y viables, con el fin de enfrentar los desafíos de salud pública que atraviesa Colombia y el colapso del sistema sanitario, permitiendo una reapertura económica segura, escalonada y programada y, sobre todo, que no ponga en grave riesgo el derecho fundamental a la salud y la vida de los ciudadanos.

Analizan que la reapertura en los términos señalados en la hoy controvertida resolución, va a implicar que la población no pueda contar con la atención en salud requerida, lo cual es totalmente previsible en las condiciones actuales. Las asociaciones reiteran que es urgente contar con medidas oportunas y concertadas con la academia, sociedades científicas y las agremiaciones de la salud, lo cual evitaría las muertes, que resultan inminentes ante la implementación de la mencionada decisión.

“Convocamos al ministerio de Salud y Protección Social a realizar una reunión, a más tardar este nueve de junio a partir de las nueve de la mañana, con la finalidad de crear un espacio de trabajo conjunto para profundizar en los asuntos que se consignan en esta declaración. En esta reunión, se deben construir alternativas viables con otros sectores sociales, económicos y empresariales para encontrar salidas que nos permitan avanzar como país”, sostiene el documento.

Las cifras, argumentan los expertos, muestran un panorama desalentador ya que la información estadística epidemiológica del Sistema Nacional de Salud proporciona la información que permite evidenciar la crítica situación por covid-19 que atraviesa el país.

En su oficio las agremiaciones consignaron que, sin contar con el subregistro global y las limitaciones causadas por el incumplimiento del rastreo epidemiológico de casos sospechosos en algunas regiones del país, han perdido la vida 91.961 colombianos, pero según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, pueden ser más de 100.000 de un total de 3.571.067 personas contagiadas a junio seis cuando se rompió la barrera de los 30.000 casos positivos en un solo día.

Dicen que la tasa de pacientes infectados con SARS Cov-2 en los últimos 14 días es de 617,05 por cada cien mil habitantes, lo que indica que Colombia tiene una tasa extremadamente alta de enfermos por Covid-19, comparado con el resto de los países del mundo.

El documento da cuenta que Colombia se sitúa hoy entre los 10 primeros países del mundo con el mayor número de casos y puntea en la región con el número más alto de nuevos contagios. Igualmente figura entre los primeros países que reportan el mayor número de nuevas muertes.

El tema asusta

La academia médica asegura que los casos diarios nuevos de Covid-19 diagnosticados en solo 40 días, pasaron de 14.806 a 28.971 como quedó reportado entre abril 25 y junio 5 de 2021. Si el último reporte de letalidad es del 3.1%, dogmatizan los conocedores, se estimaría que en las próximas semanas Colombia pasará de 500 a 800 personas fallecidas por día.

Cabe anotar que la ocupación de camas UCI creció de manera alarmante en el último mes por encima del 95%, pese al aumento del número de camas en el último año.

“Los servicios de urgencias soportan una gran presión por la sobreocupación de servicios que oscila entre el 200 y el 300% en las principales ciudades del país, lo cual limita la capacidad de reacción y respuesta ante un evento de múltiples víctimas. Igual afana que el talento humano es insuficiente para cubrir las necesidades de expansión de las áreas de atención en urgencias, hospitalización y UCI. Tampoco se dispone de profesionales especializados necesarios para cubrir las necesidades de atención de los pacientes críticos, situación que afecta los indicadores de calidad, oportunidad y seguridad”, puntualiza el comunicado.

El documento señala que la limitación de recursos ha obligado a implementar lineamientos de priorización para el ingreso a las UCI en algunas instituciones, lo cual puede aumentar la mortalidad evitable no expresamente relacionada con las complicaciones del covid-19 y las demás enfermedades desatendidas en el último año. Como si fuera poco, revelan las asociaciones, más del 40% del talento humano presenta alarmantes niveles de agotamiento, ansiedad, depresión y estrés físico, emocional y mental. Según las encuestas realizadas sobre el particular.

De todas maneras, expresan abiertamente, que el talento humano continúa comprometido de forma incondicional, cuidando la vida, la salud y el bienestar de las personas y comunidades, a pesar de que aproximadamente 300 miembros del talento humano han fallecido en los primeros 15 meses de pandemia, a las condiciones laborales indignas y precarias y al incumplimiento del pago por su trabajo en muchas regiones del país.

De manera tajante los expertos e implicados en el tema médico manifiestan que la actual situación impacta a la población general que ve amenazado su derecho fundamental a la salud al no poder acceder a una pronta y oportuna atención.

Es innegable, anotan, que el sistema sanitario colapsó el impacto social por la epidemia del covid-19 ha sido catastrófico para todos los sectores de la sociedad, pero su mortalidad ha afectado de manera más severa a la población altamente vulnerable y la que está en situación de pobreza.

“De no tomarse medidas correctivas inmediatas, las secuelas sociales, económicas y en salud serán más implacables”, advierten.

Un dato nada menor reportado en el análisis es que la mortalidad materna pasó de 46,8 a 66,2 por cada 100.000 nacidos vivos, lo cual representa un retroceso de una década en este indicador de salud pública.

Los galenos esperan un aumento en las complicaciones prevenibles y en la mortalidad de muchas enfermedades no transmisibles, por ejemplo, precisan, en la mortalidad por cáncer calculan un repunte en al menos del 10% en los próximos cinco años, situación que puede empeorar de persistir el colapso continuo del sistema de salud.

La comunicación no es de poca monta puesto que asegura que es innegable el colapso del sistema de salud, teniendo en cuenta indicadores tales como pacientes que se encuentran en lista de espera para ingreso a UCI, pacientes ventilados por fuera de UCI, quirófanos, recuperación, hospitalización y urgencias, número de pacientes en las Unidades de Cuidado Respiratorio Especiales, UCRES, sobreocupación en los servicios de urgencias y el creciente desabastecimiento de medicamentos, insumos, oxígeno y tecnologías que por su número han superado la capacidad instalada.

El caos también se refleja en la vacunación masiva y acelerada por cuanto la estrategia de inmunización contra el SARS-Cov-2 en el marco del Plan Nacional de Vacunación no se ha cumplido y no da respuesta a las necesidades y urgencia con la que se requiere un plan matizado por celeridad. Su inicio, denuncian las asociaciones, fue tardío con respecto a otros países. Desde el 17 de febrero se han administrado 11.485.904 dosis, pero solo 3.432.806 personas han recibido el esquema completo con corte a junio seis, siendo una cifra muy inferior a la meta propuesta para lograr la inmunidad de rebaño.

Los expertos ven con buenos ojos escuchar las propuestas para ampliar la cobertura de las vacunas y participar del movimiento mundial que pide liberar las patentes de las vacunas contra Covid-19 y desde luego acatar las recomendaciones técnicas al Índice de Resiliencia Epidemiológica Municipal, IREM.

A pesar del panorama sombrío por la acelerada curva de contagio de la pandemia, cuestionó el grupo de notables, el gobierno expidió la resolución 777 del 2 de junio del 2021 como la hoja de ruta para regular la reactivación económica del país, sin embargo, este documento presenta notorias falencias técnico-científicas que es necesario señalar. En principio el IREM propuesto en la resolución como estrategia orientadora de la política de apertura económica, no tiene evidencia científica publicada, ni precedentes en ningún país del mundo, por lo menos, reportado de manera formal. Se hace visible que la resolución y la ficha técnica del IREM presentan inconsistencias en el planteamiento conceptual y no existen referencias que lo soporten. Estos dos documentos, afirman, describen que la apertura económica se sustenta en la aplicación de un Índice de Resiliencia Epidemiológica Municipal que incluye cuatro variables a saber, cobertura de vacunación, cero prevalencias, ajustadas por razón de juventud, capacidad instalada de camas UCI e intermedio y testeo promedio al mes.

La primera variable de cobertura de vacunación, aseguran, no supera el 10% en ningún territorio y, al ritmo actual, suponen, es probable que no se logre la inmunidad de rebaño en los próximos meses.

La cero prevalencia, explican, es una estimación inespecífica. Se calcula a partir del número de casos obtenidos desde la fórmula de letalidad, sin excluir los muertos; y de los casos proyectados, lo que introduce un error en la formula. Para efectos de la inmunidad adquirida naturalmente como un proxy o servidor de cero prevalencias, los muertos no se deben incluir. Adicionalmente, esta cero prevalencia no considera el impacto de la variabilidad de cepas. Asume que solo hay una cepa circulando.

La alerta es total en las asociaciones porque la capacidad instalada de camas UCI e intermedios por 100 habitantes es un indicador estático que no refleja objetivamente el estado real de ocupación que incluye todas las áreas de expansión, los servicios de urgencias, puerta de entrada para la atención de todos los pacientes al sistema de atención hospitalario, la ocupación de camas hospitalarias y la demanda prehospitalaria.

La cuarta variable, el testeo como dato aislado, no da cuenta de las acciones derivadas que si estarían relacionadas con la resiliencia, como son los aislamientos preventivos, la detección oportuna y aislamiento de contactos y el seguimiento sostenible.

El IREM, cuestionan los versados, no recoge aspectos sociales como el desempleo, la pobreza, la miseria, la seguridad alimentaria, la respuesta desde la salud pública a los comportamientos sociales, la salud mental, la calidad de la atención, entre otros.

“La emisión de la resolución 777, en este momento, envía un mensaje equivocado a la sociedad y a la opinión pública en general porque induce a las comunidades a incumplir con las medidas de autocuidado y bioseguridad, lo que redundaría en un aumento de casos y mortalidad en las próximas semanas. Ante este panorama, hacemos un llamado a los colombianos y a toda la sociedad para que comprendan que la pandemia no ha terminado. Estamos en el momento más crítico y amenaza con empeorar, el sistema de salud colapsó, es imperativo asumir el autocuidado con responsabilidad social, de manera individual y colectiva”, añade la comunicación.

En ese orden de ideas, el uso del tapaboca, lavado frecuente de las manos, mantener el distanciamiento físico, evitar reuniones concurridas en espacios cerrados son medidas que no son opcionales.

El oficio indica que cualquier aglomeración de personas aumenta exponencialmente el riesgo del contagio y la circulación del virus, incluyendo sus nuevas variantes. Insiste que la vacunación reduce significativamente este riesgo, pero, subraya que, hasta no conseguir la inmunidad de rebaño, se deben mantener las medidas de autocuidado.

“Convocamos, de manera especial y urgente, a las autoridades gubernamentales nacionales y territoriales, a los líderes sociales, sindicales, así como a todas las personas que se movilizan en el marco del paro nacional, a tomar en consideración este difícil momento de pandemia para encontrar un acuerdo inmediato. Solicitamos retardar la reapertura económica, consideramos que el momento actual es el menos oportuno para adelantarla. Para hacerlo se requieren unas medidas y condiciones epidemiológicas propicias y, además, un estudio técnico-científico de fondo que permita determinar la validez y solidez conceptual del IREM. Entendemos la necesidad de la reactivación de mercados y la recuperación social del país, sin embargo, el Ministerio de Salud y de Protección Social debe establecer políticas informadas en datos fehacientes y evidencia científica que sustenten acciones concretas y escalonadas para dicha reapertura. Es indispensable para ello la implementación de estrategias de acción integral territorializadas y programas de alfabetización en salud como también acciones informativas a las comunidades y a la sociedad, para mitigar el impacto de la pandemia, incluyendo el compromiso de acelerar masivamente la vacunación y fomentar estrategias focalizadas en los territorios con mayor letalidad y número de casos, es urgente afianzar los anillos de vacunación”, aseveran las respetables asociaciones.

Consideraron que las autoridades de salud no se pueden eximir de su responsabilidad constitucional de garantizar la salud y la vida de los colombianos. Recordaron que el estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud.

En opinión de los médicos y empresarios, debe fortalecerse y aumentarse de forma significativa el rastreo intensivo, con detección temprana de casos y contactos, aplicar masivamente pruebas y fomentar el aislamiento preventivo, según el comportamiento epidemiológico de los territorios.

Repitieron que es indispensable generar una estrategia de soporte económico para la población más vulnerable socioeconómicamente, en aras de garantizar el cumplimiento de las medidas de aislamiento sin detrimento de su condición. Igual instaron al ejecutivo a establecer políticas efectivas que impacten en el mejoramiento y estabilidad de la infraestructura hospitalaria, así como a asegurar las garantías laborales del talento humano en salud.

Adicionalmente pidieron fortalecer con decisión el proceso de vacunación como una medida para lograr la inmunidad de rebaño y disminuir los niveles de contagio y mortalidad subsecuentes. No menos urgente, estimaron, proporcionar las condiciones para que las personas y la sociedad puedan ocuparse y cumplir, de manera debida, con su responsabilidad individual y social del auto cuidado en la vida cotidiana.

Una petición importante firmada por las asociaciones apunta a revisar protocolos de aforo para el desplazamiento en el transporte público masivo, para la actividad del comercio formal e informal, facilitando su cumplimiento con soluciones para este último.

“Exigimos el derecho a participar en las decisiones médicas y de política pública como actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud. La comunidad científica, académica, gremial y otras organizaciones del sector salud, y como parte de la sociedad y al amparo de la ley estatutaria demandan el cumplimiento de la ley lo cual permitirá trabajar en la formulación de la política de salud pública, y de manera especial, para resolver la crítica situación actual por la pandemia”, escribieron los doctos.

De manera paralela conminaron al Gobierno para que les permita a las asociaciones participar en la revisión del instrumento Índice de Resiliencia Municipal, IREM. Así mismo ser actores esenciales en la creación de una instancia de deliberación, veeduría, seguimiento y evaluación técnica de estas políticas. La participación, comentaron, incluye participar y crear un sistema de vigilancia y seguimiento al sistema PRASS el cual se viene implementando, con una baja eficacia.

Un trabajo articulado según las asociaciones tiene que ver con las estrategias para la utilización de pruebas moleculares RT-PCR SARS Cov-2, como herramienta de vigilancia epidemiológica y control sanitario por parte de los organismos, secretarias de salud y entes territoriales. Los médicos y las agremiaciones solicitaron igualmente hacer parte del equipo de trabajo para diseñar las estrategias que permitan acelerar la vacunación y alcanzar la inmunidad de rebaño en el menor tiempo posible, reducir el impacto de la pandemia y reactivar la economía de manera segura.

Insistieron en la derogación de la resolución 777 de 2021 y pidieron expedir una nueva norma que incluya medidas que cuenten con la participación y con sustento técnico adecuado por parte de la academia, sociedades científicas, agremiaciones de la salud y otras organizaciones del sector. Creyeron fundamental adoptar de manera inmediata medidas eficaces para hacer frente a la emergencia humanitaria y mitigar el colapso hospitalario en el que se encuentra la mayor parte del país actualmente.

“Por último, exigimos que se proteja el derecho a la vida a fin de que prevalezca el debido y oportuno cuidado a la población por sobre cualquier otra pauta o interés de naturaleza pública o privada, como lo señala la relatoría especial sobre los derechos económicos, sociales y ambientales de la Comisión Internacional de derechos Humanos, CIDH, sobre los “derechos de las personas con Covid-19. Reiteramos nuestro llamado a las autoridades en salud y a los ciudadanos en general a anteponer la vida sobre cualquier consideración social, política o económica que agudice la crisis de salud”, concluye el documento firmado por asociaciones médicas, gremios y empresas.