En días pasados un grupo de agricultores expresaba su descontento por la masiva importación de alimentos, por las endebles políticas para la producción agropecuaria y por el abandono de la ruralidad. Uno de ellos alegó que hubo procedimientos inconstitucionales que a la fecha facilitarían la revisión de los convenios comerciales rubricados que desconocieron a toda vista la Carta Magna.

Antes de ir con el invitado de hoy optamos por darle una leída a la Constitución y encontramos artículos que dejan a más de uno asombrado.

Para no generar suspicacias trascribimos el artículo 65 de la Ley de Leyes y esto dice de manera textual: La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras.

El Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad.

Según este artículo, los acuerdos comerciales no reúnen los requisitos que demanda la ley y sin duda alguna podrían ser sujetos de revisión porque hoy el campo no tiene infraestructura, adolece de bienes públicos y la producción bajó ostensiblemente por la importación exagerada de alimentos, los mismos que brotan de los fértiles suelos colombianos. El artículo traído a colación, deja los TLC en una posición débil porque fueron legitimados desconociendo el mandato constitucional.

De otro lado, el artículo 66 reza exactamente: Las disposiciones que se dicten en materia crediticia podrán reglamentar las condiciones especiales del crédito agropecuario, teniendo en cuenta los ciclos de las cosechas y de los precios, como también los riesgos inherentes a la actividad y las calamidades ambientales.

Salta a la vista que los pomposos acuerdos no tuvieron en cuenta el derecho de los productores agrícolas y pecuarios, dejando grandes interrogantes, sobre ética, probidad y culpa, ya que el solo hecho de pasar de agache una ley, es causal de sanción y de adoptar las medidas perentorias para recomponer el camino y deshacer de los acuerdos cualquier viso de inconstitucionalidad que raye en abusos, afectaciones o desventaja para los productores nacionales.

 

 

En charla con Diariolaeconomia.com, el presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, afirmó que lo anterior es muestra clara que muchas cosas se hicieron mal en Colombia y que dichos procederes trasgredieron la ley, generando perjuicios en el país agrario, el mismo que hoy subsiste y vive en medio de zozobra, miedos y baja rentabilidad. Anotó que sin duda la Constitución le da prioridad al agro nacional, pero lamentó que el juego de intereses que se mueve, muy grande de por sí, frena todo porque es todo poderoso y apartado de la Carta Política.

Agregó que hay otros artículos en la Constitución que hablan de la protección a la producción y el acceso a la tierra, beneficios que no se abordan ya que hay una malsana tozudez detrás de los gobiernos que han pasado y que hicieron caso omiso a la instancia jurídica.

Así las cosas, informó el directivo, Colombia tiene en sus manos los instrumentos legales para ir a los tribunales nacionales e internacionales y exigir la revisión de los tratados de libre comercio porque no le generaron ganancia a la población y sí, por el contrario, afectó la producción agrícola, fenómeno que ya había arrancado con la apertura económica de 1991.

 

“Colombia tiene como imponer una demanda, o por la vía diplomática acudir a una revisión, lo único que le falta es la voluntad del Gobierno porque jurídicamente todo está servido en bandeja. Aquí hay que decir que los tratados de libre comercio, todos, no son imposiciones ni arreglos rígidos e inmodificables, esos acuerdos están sujetos a la revisión, a su transformación, y si es del caso un país los puede reversar en vista que si generan afectación, el Estado puede desistir de ellos, no es cierto que sean como algunos dicen, la última palabra o un régimen comercial, no eso no es así”, declaró el señor Jiménez Castellanos.

 

Un asunto que muestra el comercio es que no es una atadura y por ello el gran reto para los futuros presidentes es deshacerse de todas las presiones y darle opciones al campo para que mejore y logre desarrollarse, pudiendo garantizar seguridad alimentaria, riqueza y exportaciones. En opinión del directivo, Colombia debe importar y sacarle al libre comercio todo el jugo con maquinaria, tecnología de punta así como también productos que no impacten la cosecha nacional. Los TLC, subrayó Jiménez, al ser tratados, no son la imposición de un estado sobre otro.

En nueve años de entrar en vigencia el TLC con Estados Unidos, los resultados muestran una balanza comercial deficitaria. Desde ese 15 de mayo de 2012 los productos agrícolas no muestran la dinámica esperada y tan solo se ven productos que ya gozaban del privilegio contemplado en la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga, ATPDEA

 

Ese acuerdo, hoy bajo otro esquema, le otorga acceso libre de aranceles a productos como flores, confecciones, tabaco, cacao, plásticos y manufacturas en cuero, nada diferente al acuerdo ATPDEA. Hoy Colombia lleva a ese mercado, adicionalmente, aguacate Hass y uchuvas, una oportunidad para algunos empresarios que apostaron por esos frutos.

Para la ANUC no son muchos los sectores de la producción primaria que se hayan beneficiado con el TLC, pero aclaró que posiblemente los favores los siga recibiendo sectores como flores, café y otros muy contados, sin que deje ver algo que genere admiración. En términos generales, expuso el presidente de la ANUC, los tratados comerciales dejaron en el campo, retraso, pérdidas y la quiebra del sector, habida cuenta que tal y como pasó con la apertura económica pusieron a los productores a competir en condiciones de absoluta desigualdad.

Reiteró que a Colombia le resulta imposible competir con el maíz importado que es subsidiado en los países de origen, mientras que en Colombia los costos de los insumos no tienen control, y para rematar, aclaró, no se dan los desarrollos tecnológicos ni la extensión agropecuaria esperada para poder competir en condiciones de costos.

 

“Los subsidios externos deberían compensarse con salvaguardas arancelarias para nivelar el precio de lo que viene del extranjero, ya que en las actuales condiciones es imposible entrar a competir, no hay forma”, insistió el presidente de la ANUC.

 

Con los TLC hubo engaño según el dirigente, porque a la gente se le vendió la idea de importar bienes de capital, herramientas, y tecnología para entrar por la senda de la competitividad, pero jamás se detalló sobre la entrega de sectores productivos que tal y como están las cosas, están llamados a desaparecer. En su análisis, puntualizó que vendieron la mentirosa tesis de la doble vía que contemplaba apertura para los productos colombianos, asunto que se complicó porque no se dio el desarrollo técnico, ni se cumplieron los estándares internacionales, especialmente en temas fitosanitarios, y mientras eso no se dé, dijo, Colombia no puede salir al mercado.

 

Jiménez reconoció que hay casos en los que se está saliendo, inclusive en economía campesina, pero que son el esfuerzo, el sacrificio y el empuje de los mismos productores tal y como pasa con uchuva, pitaya, por hablar de algunos productos del campo. En ese frente, aseveró, no hay ningún apoyo del Gobierno, es el resultado del ingenio y el trabajo de la comunidad rural y productora, básicamente pequeños agricultores.

El líder expresó su total desacuerdo con las políticas de comercio al considerar que resulta impresentable importar papa, leche, cebolla, ajo, carne, café, plátanos y banano, entre otros productos en la larga lista, que se cultivan y se producen en Colombia, y que encuentran inesperada competencia. El asunto es a criterio de ANUC, totalmente inapropiado y habla mal de Colombia, por ello cuando se hizo la propuesta del referendo campesino, el primer punto de los ocho que contempla la consulta, tiene que ver con la protección de la producción nacional, solo atendiendo ese aval constitucional y fortaleciéndolo, es posible garantizar la producción primaria de Colombia en términos de revisar TLC existentes, el impacto del libre comercio y modificar lo que genere dudas e impactos negativos en el productor. Igual, dijo, hay que abstenerse de firmar nuevos convenios y darle fuerza a las salvaguardas arancelarias para compensar precios, hacer desarrollo tecnológico, controlar el contrabando, terrible mal, y apostar por un consumo nacional, medidas que protegen la producción nacional.

 

Hay mecanismos del pasado que el país debe retomar

En 1944, el entonces Presidente de la República, Alfonso López Pumarejo, puso en marcha con la Ley 5, el Instituto Nacional de Abastecimiento, INA, una herramienta esencial para el agro, por tratarse de una entidad autónoma con el criterio de servicio público, eso sí, preservando las normas y prácticas del sector privado. La entidad tendría transformaciones y fue así como en 1954 mediante Decreto Legislativo, el General, Gustavo Rojas Pinilla, lo convierte en la Corporación de Defensa de Productos Agrícolas.

En mayo de 1957, el General, quien dijo que la patria no puede vivir tranquila mientras tenga hijos con hambre y desnudez, dejó el cargo y en 1958 en el gobierno del Presidente Alberto Lleras Camargo, la entidad retoma el nombre de INA. El tema no termina ahí porque debido a la reforma administrativa de 1968 hecha por el Presidente Carlos Lleras Restrepo, entra a operar como Instituto de Mercadeo Agropecuario, IDEMA.

Esta entidad resultó trascendental en la economía agropecuaria, a tal punto que en 1976 el Gobierno de Alfonso López Michelsen, le confirió el carácter de Empresa Industrial y Comercial del Estado, bajo esa figura los objetivos del IDEMA fueron claros, regular el mercado de productos de origen agropecuario, mediante la compra y venta, almacenamiento, importación y exportación de alimentos.

 

 

Hacemos un alto en el camino porque el IDEMA en su momento, estimuló la producción agrícola a través de los precios de sustentación, estabilizó los precios por medio de la constitución de existencias reguladoras y garantizó el abastecimiento a través de la intervención de las compras en el mercado interno, pero igual con la importación de productos deficitarios, complementarios al mantenimiento de existencias de transacción y reguladoras. En esos tiempos se hablaba de absorción de cosechas, abundancia y precios justos para productores y consumidores.

Ese viaje por el tiempo lo hicimos para demostrar que sí hay formas y figuras de hacer mercadeo agropecuario, sin intermediación y pensando en el bienestar de las familias colombianas. Lamentablemente el IDEMA sucumbió por el cáncer de la corrupción, pero la figura dejó un legado, el campo es posible y querer es poder.

Sobre el tema, el presidente de ANUC anotó que más o menos ese es un planteamiento que viene haciendo la asociación porque propuso crear el Sistema de Comercialización de Productos de la Economía Campesina, específicamente de los sectores rurales y no un esquema de mercadeo universal en donde solamente entran los grandes productores y los intermediarios, el asunto con la propuesta es algo muy puntual y semejante a lo que se intentó con el IDEMA, entidad que arrojó buenos resultados en medio de unas deficiencias sujetas a corrección, pero llegó la corrupción y liquidó toda una historia de agricultura en Colombia.

 

“En ese momento, cuando se estaban robando al IDEMA, el Gobierno prefirió acabar con la entidad más no con los corruptos, sacrificó una entidad que prestó un invaluable servicio porque en efecto ayudaba a los campesinos”, evocó el vocero.

 

Añadió que con toda la fuerza que se hizo para que pasara la Ley de compras públicas, que finalmente fue aprobada, en la renegociación, denunció el directivo, prácticamente se revivió la figura de intermediarios, lo cual no es una política que apoye la economía ni la agricultura campesina.

 

Si Colombia no siembra estará en aprietos

 

 

Un asunto axiomático es que quien no siembre estará expuesto al hambre y a problemas de nutrición. De igual manera los países con potencial que no apuesten por su agricultura no estarán en esa élite exportadora, trayendo a presente que hay un listado de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, que habla de Colombia como una nación con potencial agrícola.

Quienes mandarán la parada económica y social serán aquellos países que hagan uso de su poderío agropecuario y que cuenten con recurso hídrico, cualidades que Colombia tiene de cara a expresar su vocación rural con unas siembras capaces de abastecer a propios y extraños. Esa característica, apuntó el presidente de la ANUC, es reconocida por la comunidad internacional y por expertos de muchas latitudes, inclusive del Gobierno que presume de su campo, pero ausente, en momentos determinantes, con las acciones que pide la ruralidad.

 

“Esto no es nada romántico, el mundo está a las puertas de una hambruna y los indicadores nacionales ya no lo muestran cuando dicen que el 46 por ciento de la población ya no consume las tres comidas del día, clara muestra que hay hambre en la gente, hoy por la pandemia, pero también por equivocaciones, políticas inexistentes para la agricultura y unas importaciones que algún día no llegarán. El Covid-19 es la disculpa que utilizan para justificar comportamientos que están movidos por otros intereses”, expuso Jiménez Castellanos.

 

En temas de libre comercio, afirmó, no todo es dicha, puesto que con el flujo de mercancías y de personas aumenta el riesgo de enfermedades y contagios. A criterio del dirigente, hay alimentos que llegan sin que se conozca su manufactura, las prácticas agrícolas o ganaderas, todo un interrogante en inocuidad y salubridad.

Enfatizó que el campo colombiano es fuerte, entre otras cosas porque hay gente trabajadora, entregada y llena de compromiso, un sector agrario que si le dan condiciones explota porque no solo sustituye importaciones, sino que está en capacidad de generar oferta exportable, tan cierto, admitió Jiménez, que con todo y limitantes, hay una producción importante trastocada por el comercio internacional.

Manifestó que Colombia tiene todas las opciones de salir adelante, por ser un país inmensamente rico, con una agricultura que acepta retos. Los más entendidos en economía dicen que en el territorio colombiano caben absolutamente todos, porque sobran los recursos y las oportunidades, falta un poco de orden, de voluntad política para que la tierra del café sea una despensa agrícola y pecuaria por excelencia.

El tema, analizó el directivo, no pasa por tendencias políticas, por izquierda o derecha, menos por credo o género, si hay oídos para quienes piden reactivar el agro y las empresas del sector pyme, sentenció, hay mucho futuro y toda la prosperidad porque de sobra existen las maneras de hacer del campo un fortín económico, por sus tierras y condición de trópico, cualidades adicionales que otros países envidian. Muchos, expuso, anhelan un pedacito de Colombia.

La realidad campesina es durísima porque todos desoyen el mandato sagrado amparado por la Carta Magna, el escenario es literalmente clerical porque en las fincas o centros de producción agrícola la única garantía viene de la fe, tan solo respaldan ese arduo trabajo Dios, la Santísima Virgen, San José y San Pedro, de resto, en la tierra, nadie escucha la súplica del labriego.

Los agricultores saben que hay que reconstruir el país, hay consciencia de la urgencia por darle a Colombia viabilidad, pero saben que al hablar de rehacer patria hay que empezar por el derecho, es decir por el campo.

 

El diálogo para superar los problemas pide presencia campesina

 

 

En materia de paro y protestas, Jiménez Castellanos, afirmó que el método para conjurar el reclamo social no puede ser más de lo mismo, la tediosa repetición o un saludo a la bandera. Sobre ese asunto expresó su preocupación ya que en las diez mesas de diálogo de las que se habló, no fue tenido en cuenta el sector campesino, no hubo una mesa para la población rural.

 

“Yo hable con el mismo Comisionado de Paz y anunció que quedaba creada la mesa para campesinos, la cual funcionaria a partir del trece de mayo, pero ese olvido no fue fortuito, sencillamente no les interesa como Gobierno, tener al labriego muy cerca, conversando altas esferas estatales, no quieren comprender lo que está pasando en el campo y eso llevó a la comunidad rural a movilizarse. Es tan delicado que algunas colectividades que saben del trabajo para conseguir el acercamiento con el ejecutivo, dicen que no es prudente ni sano, sentarse a hablar con quién no se tiene confianza. Esa mesa anunciada por el Comisionado, es toda una incertidumbre porque no hay certeza sobre si las organizaciones acuden o no”, añadió el presidente de la ANUC.

 

Recalcó que las ciudades tienen hambre porque las marchas y los bloqueos no permiten que la comida llegue a los hogares y tristemente, opinó, algunos reconocen la importancia del campesino cuando lo necesita, pero en otras condiciones hasta lo desprecian.

No sobra decir que en Colombia entre el 70 y el 71 por ciento de los alimentos que se consumen, hacen parte de la economía campesina, más no de los grandes productores porque las considerables extensiones de tierra están sembradas con palma y otro tipo de ofertas, pero no con frutas y verduras que son los productos que los hogares piden a diario.

Argumentó que el diálogo del Gobierno solamente está dirigido hacia los grandes empresarios del campo, a los que siembran en interminables áreas con economías de escala, pero deploró que al campesino y al pequeño productor no se le tiene en cuenta para el diálogo, lo que hizo que se perdiera la confianza y llevara a razonar si en verdad vale la pena desgastarse con un interlocutor que desestima la ruralidad como un todo y que infortunadamente, no conduce a nada.

Al finalizar la plática, el presidente de la ANUC, Luis Alejandro Jiménez Castellanos, dijo que al hablar con el Gobierno o el Estado sobre la inconstitucionalidad de los TLC, por lo general los encargados del tema se salen por las ramas y evaden el argumento con argucias o disculpas como la situación fiscal y otros. Lo cierto, concluyó, es que cuando se le hace el quite a la ley, lo más obvio y honesto, es que las autoridades tomen cartas en el asunto, puesto que esa falta es causal de sanción porque nada, en absoluto, está por encima de la Constitución Política.

Los TLC, en un concepto puntual de la ANUC, son ideales para importar o traer al país lo que no hay, por ejemplo bienes de capital, tecnología y algunos productos, pero suena absurdo que se haya firmado un relicario de acuerdos para entregar lo único que tenía el país, su agricultura.

 

Reclamos campesinos tienen asidero, pero hace falta voluntad política

 

 

Este medio acudió a un experto en derecho y constató que los recurrentes reclamos de los productores del campo están bien fundamentados y pueden prosperar, pero aclaró que para ello es necesario contar con el respaldo incondicional del ejecutivo y el decidido acompañamiento de los nacionales ya que un TLC por sí mismo no es absoluto.

El penalista Reinaldo Villalba Vargas, directivo del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CAJAR, indicó que amén de las razones de peso para pedir una revisión de los acuerdos comerciales en vigor, es importante tener en cuenta que en los convenios binacionales están de por medio las agrupaciones empresariales y de trabajadores de Estados Unidos y la Unión Europea. Habría, explicó, el mecanismo de queja por incumplimiento en la eventualidad que se estuviera presentando el hecho, en desmedro de los sectores agropecuarios de Colombia.

A criterio del jurisconsulto, reconociendo que la esencia del tratado es totalmente perjudicial, como ocurre con todos los tratados comerciales, el mecanismo directo y consecuente es la renegociación, una consigna y un camino de orden político porque finalmente estaría dependiendo de la voluntad gubernamental de quien tiene la ventaja en un negocio de ese calibre.

 

“Un Gobierno como el actual, con tendencias aperturistas o aferrado a la globalización, difícilmente lo va a hacer, pero es posible que a futuro, un mandato de corte democrático pueda solicitar la revisión o renegociación de los TLC, para lo cual es fundamental la presión social y el reclamo de los sectores que están perdiendo terreno y dinámica por la avasallante competencia. Es factible abrir el debate con la queja de los sectores que saldrán del mercado por quiebra o imposibilidad de competir, ello teniendo en cuenta que Colombia ni subsidia ni apoya decididamente la economía campesina”, expuso el legista.

 

El letrado y reconocido experto en Derechos Humanos dijo que casos como los experimentados por los subsectores de leche, papa, cebolla y otros, demuestran que para Colombia, la aventura del libre comercio ha resultado más que fatal, a tal punto que difícilmente en los almacenes de cadena se encuentran lácteos y otros bienes de la producción nacional.

En su observación, la globalización es para las grandes ligas y afirmó que siembras tan colombianas como la papa y el arroz, ya las traen del exterior, como también pasa con el café, producto insignia. Calificó la desgravación arancelaria en favor de la agricultura exógena como el acabose de la seguridad alimentaria.

El penalista razonó que hoy el país está en un limbo productivo porque el libre comercio puede arrasar con la agricultura, pero apuntó que llama la atención el hecho lamentable que muchos se olvidaran del curioso “cuarto de al lado”, y lo más grave, nadie habla de la tan sonada agenda interna.

 

“Los que estuvieron en las cuestionables negociaciones, están presenciando la ausencia total de soberanía”, concluyó el abogado.