La Confederación General del Trabajo, CGT, expresó su más enérgico rechazo a los proyectos de ley puestos a consideración del Congreso de la República por el Gobierno que apuntan a combatir el contrabando y a optimizar el nuevo Código de Policía.

En consideración de la CGT, dichas normas consagran inadmisibles normas que coartan el derecho al trabajo del sector informal en las zonas de frontera y otras regiones así como de las legítimas libertades ciudadanas.

El presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez Esguerra, dijo que la denominada ley anticontrabando establece penas de cárcel para los contrabandistas que en realidad serán aplicadas a los vendedores minoristas de combustibles en las zonas de frontera con Venezuela, más conocidos como pimpineros mientras que los delincuentes que dirigen los grandes carteles de la gasolina permanecen intocables en los exclusivos clubes de las capitales del país.

Gómez Esguerra recordó que hasta hoy la represión de las autoridades ha estado dirigida únicamente contra los pequeños comerciantes y vendedores minoristas de combustibles y de otros productos mientras que las grandes empresas y multinacionales son favorecidas con millonarias exenciones en detrimento de la pequeña y mediana empresa que languidece rápidamente entre dos fuegos. “El de la tributación desmedida y la represión”.

El dirigente sindical también, mostró su preocupación por los atropellos que se podrían presentar al amparo del nuevo Código de Policía que avanza en su discusión en el Congreso de la República.

“Los artículos allí consignados conculcan las más elementales libertades consagradas en el Derecho Internacional Humanitario y darían vía libre para que se cometan atropellos y abusos por parte de algunos miembros de la fuerza pública”, declaró el señor Gómez.

Advirtió que la Confederación General del Trabajo apoya las medidas que se adopten para restablecer el orden público cuando se trasgrede, pero recalcó que para lograrlo no se pueden poner en riesgo las libertades del ser humano ni criminalizar la justa protesta ciudadana.

Añadió que el desarrollo y la tranquilidad es una preocupación que trasciende la ideología y los intereses inmediatos. Precisó que es un reto tanto moral como político y aclaró que no se puede llegar a extremos que rayan en lo ilegal y que hacen recordar el absurdo estatuto de seguridad a cuyo amparo se cometieron graves violaciones a los derechos humanos.

El presidente de la CGT recordó las palabras del papa Francisco que hace unos días advirtió que “los derechos humanos se violan no solo con el terrorismo, la represión, los asesinatos, sino también, por la existencia de condiciones de extrema pobreza y de condiciones económicas que originan las grandes desigualdades”.

Al tenor de la sentencia del máximo jerarca de la iglesia católica, el dirigente sindical demandó del Gobierno medidas a corto y mediano plazo encaminadas a la recuperación económica de las zonas de frontera y de otros lugares socialmente excluidos, de generación de empleo que le permita a quienes hoy se dedican al comercio informal y a los pimpineros su formalización laboral.

Gómez Esguerra planteó que no es justo exigir a los hombres y mujeres que rindan el mayor esfuerzo posible en beneficio del desarrollo nacional si no se eliminan los orígenes de la pobreza, el desempleo y la exclusión social.

Finalmente, el presidente de la CGT expresó que si bien debemos defender la industria y la producción nacional combatiendo contrabando a gran escala, también, se debe garantizar el derecho al trabajo a quienes en la economía informal buscan el sustento de sus familias vendiendo unas pimpinas de gasolina, un electrodoméstico o unos kilos de productos de la canasta familiar.