La distribución minorista de combustibles lanzó un SOS y reveló que 120 antiguas estaciones de servicio o EDS estarían al borde del colapso toda vez que con la llegada al mercado de nuevos agentes más el resurgimiento del contrabando de combustibles fósiles proveniente de Venezuela se reduce el margen de utilidad poniendo en riesgo la sostenibilidad y el empleo.

Los voceros de las reconocidas EDS de la región aseveraron que la gran proliferación de Estaciones de servicio en los últimos cuatro años en las zonas de frontera de Norte de Santander ha disparado una serie de quejas e inconformismo entre los distribuidores minoristas de combustibles especialmente aquellos que no alcanzan los cuatro años de estar prestando el servicio público de distribución de combustibles a través de estos establecimientos de comercio.

Los empresarios tradicionales o representantes de las antiguas EDS, las que sobrevivieron y le pusieron el pecho, no a la brisa, sino a recurrentes huracanes de irregularidad, anotaron que los nuevos distribuidores minoristas no realizaron ningún estudio de factibilidad de esta actividad antes de iniciar en un sector controlado y regulado por el Estado a través del Ministerio de Minas y Energía-Dirección de Hidrocarburos.

Otros aspirantes a distribuidores minoristas hicieron “cuentas alegres” e irresponsablemente “metieron la cabeza” donde no la debían meter y hoy se lamentan de la situación, le echan la culpa al Ministerio de Minas y a los gremios etc.

“Si hacemos cálculos muy rápidos pero certeros, construir una Estación de servicio con los estándares que exige el reglamento técnico plasmado en la resolución 40198 del 2021 cuesta más de Dos mil quinientos Millones de pesos para obtener una utilidad bruta de aproximadamente veintisiete millones de pesos mensuales de lo cual más del 50% son gastos lo cual demuestra claramente que la utilidad mensual no alcanza a los trece millones de pesos en un actividad tan altamente cambiante y que se ve afectada por varios factores entre ellos el contrabando de hidrocarburos proveniente de Venezuela que nuevamente se acerca paso a paso y que ya se ve en los municipios colindantes de la frontera venezolana como Cúcuta, Villa Rosario, Los Patios, Tibú, El Zulia y otros puntos fronterizos”, denunciaron los empresarios formales y habituales de la distribución minorista.

 

Por otra parte lo que no han tenido en cuenta los nuevos distribuidores minoristas es que las estaciones de servicio antiguas, esas que superan los cincuenta años de existencia, sufrieron por más de cuarenta y siete años el embate de un contrabando desenfrenado desde Venezuela que mandó a la bancarrota más de veinte estaciones de servicio que recogieron “trastes” y salieron de este sector. Entre las que sucumbieron se cuentan EDS El Diviso, EDS Magdalena, EDS Boyacá, EDS Transversal 17, EDS Campos Elíseos, EDS El Recreo, EDS Kilometro Ocho (de Pompilio Niño) EDS Barrio Blanco, EDS Texaco Tres, Texaco Cinco, Texaco seis, empero la cuenta es más larga y los impactos económicos y sociales son mucho más agudos y lamentables

Precisaron que los registros son aterradores y peor los desenlaces, dejando ver que el pasado de la distribución minorista en Cúcuta y Norte de Santander dejó heridas y grandes enseñanzas, sin embargo apuntaron que las EDS que lograron salvarse, hoy siguen en la unidad de cuidados intensivos, UCI, porque la economía se contrajo sin dejar de lado los costos de operación, impuestos y otras obligaciones, un entorno que se enturbia con nuevos agentes que aparecen de la nada y con el resurgimiento del comercio clandestino de combustibles que obliga a crear con urgencia una mesa con el gobierno para explorar salidas y evitar daños irreparables.

Es importante que los nuevos distribuidores minoristas de combustibles sepan que las Estaciones de servicio que lucharon y sobrevivieron al contrabando, vendían de contado diariamente alrededor de cincuenta galones de gasolina y unos trecientos galones de ACPM , lo demás era fiado a 30, 60 y 90 días con clientes de entidades oficiales como la Policía, Fiscalía, Das, Clínicas y Hospitales así como algunas empresas formales porque inclusive el contrabando llevo a muchas empresas a contratar vehículos en arriendo para poder hacerle el quite a la ley y llenar sus tanques en las calles mediante pimpinas que proliferaron por todos los rincones del departamento.

Igualmente resulta trascendental anotar la afectación tan grande que sufrieron las antiguas estaciones de servicio ya que muchos pimpineros mediante la falsificación de facturas usurparon el nombre de las Estaciones y vendían así a las empresas, especialmente las dedicadas al transporte de carga por carretera.

La lucha titánica de las Estaciones antiguas y que hoy llaman consentidas del Ministerio de Minas y Energía las llevo a sobrevivir arrendando locales para mecánica, venta de almuerzos, comidas rápidas, puesto de chance, loterías etc.

Hoy esas estaciones antiguas sostienen una nómina que supera los cuarenta empleos directos y formales, es decir que están dentro de la norma tipificada para las zonas económicas y sociales especiales, Zese, donde por obligación los distribuidores tienen que sostener esos empleos así la situación cambie, que para el caso de Cúcuta podría ser el contrabando de hidrocarburos desde Venezuela o la disminución de cupo ZF.

Los voceros de las tradicionales y reconocidas EDS de Cúcuta recordaron que el Ministerio de Minas y Energía diseña cada tres años una Metodología de Asignación de cupos y tiene en cuenta los datos históricos de compras, frente a una estación de servicio nueva que hasta la fecha no cuenta con esos datos históricos, precisamente porque es nueva.

Desde aquí los distribuidores minoristas antiguos le piden al Ministerio de Minas y Energía que analice todas las situaciones en la confección de la Nueva Metodología de asignación porque cuentan muchos factores como los datos históricos de compras, ubicación, antigüedad y la obligación de sostener el empleo de esos cuarenta o más trabajadores por estar en zonas Zese.

Por otra parte es importante que el Ministerio de Minas y Energía a través de la Dirección de Hidrocarburos restrinja la construcción de nuevas estaciones de servicio y que las alcaldías y curadurías se sometan al aval del Ministerio de Minas, entidad que analizará la conveniencia de autorizar la construcción de más estaciones de servicio.

Un llamado urgente

Si bien las EDS de Cúcuta y Norte de Santander son conscientes del principio de libre empresa e inversión, consideran perentorio que el gobierno a través de las diferentes superintendencias y otras entidades de vigilancia determinen de dónde vienen los dineros que están ingresando al ya difícil sector de la distribución minorista de combustibles ya que debe garantizarse sostenibilidad al usuario de los derivados del petróleo y a la región en general, pero igual se hace necesario, dicen, saber que no habrá problemas y que los recursos que están llegando son totalmente legales y que no hacen parte del blanqueo de dinero o lavado de activos. Los voceros dejaron claro que no están haciendo acusaciones o señalamientos, simplemente, precisaron, invocan la potestad del Estado para que todo se haga a la luz, de cara a la comunidad local y nacional, sin generar detrimentos por competencia desleal o el arribo de economías ilícitas a un gremio tradicional, respetable y transparente que ha demostrado aporte y tejido social, el mismo que se ve aminorado, golpeado y amenazado por la ilegalidad y los temibles carteles de los combustibles que no miden consecuencias económicas, ambientales y de seguridad.

Finalmente señalaron que permitir el ingreso de nuevas EDS a la ciudad o al departamento pone en riesgo la concertación lograda para ponerle punto final al contrabando de combustibles con pimpina ya que la cooperativa que hoy agrupa a los otrora comerciantes irregulares de gasolina, vería seriamente amenazada su actividad por fin hecha al amparo de la ley.

Norte de Santander tiene 330 estaciones de servicio, lo cual muestra algún grado de saturación, pero de esa cantidad, recalcaron los empresarios, 120 estarían en riesgo por una competencia que demanda intervención estatal y por la amenaza de contrabando que como se dijo comienza preocupantemente a despertar.