La reciente ola de atentados perpetrados por la guerrilla de las FARC y el ELN, tienen una vez más contra las cuerdas a la industria de hidrocarburos, la cual ha tenido que enfrentar más de 30 años de ataques contra su infraestructura y, por ende, contra el medio ambiente. Desde 1985, cuando empezó a operar el Oleoducto Caño Limón-Coveñas, comenzaron los ataques de la guerrilla que a la fecha han ocasionado el derrame de más de 3.5 millones de barriles en todos los oleoductos del país.
Esta cifra es 15 veces superior al impacto provocado durante lo sucedido en el sonado caso del desastre ecológico de Exxon Valdez, cuando un barco petrolero, propiedad de ExxonMobil, derramó un total de 41 millones de litros de crudo sobre el Océano Pacífico, los cuales afectaron más 2.000 kilómetros de la costa de Long Beach, California.
“Por eso, nuestro llamado es a que el país se manifieste con vehemencia frente al daño ambiental que vienen perpetuando las guerrillas de las FARC y el ELN, y el rechazo se pueda escuchar en todo el mundo. Además es preocupante el silencio de ONG´s ambientalistas y de derechos humanos, líderes de opinión y población en general frente a esta grave situación”, expresó Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, ACP.
Por otra parte, en la historia de estos hechos lamentables se han registrado víctimas mortales (como en el caso de Machuca, en 1998, que tuvo 70 personas fallecidas y 34 heridos graves), y afectaciones a cientos de miles de colombianos que han quedado sin agua y sin ingresos por cuenta de la contaminación que han generado los derrames ocasionados.
“El panorama es oscuro. Las FARC y el ELN son los grandes depredadores del medio ambiente y sobre sus hombros recae la autoría de 49 atentados terroristas en lo que va corrido del año, de estos, 39 fueron perpetrados en el mes de junio, lo que representa un incremento de casi 6 veces más con respecto al mismo periodo de 2014”, explica Lloreda Mera, de la ACP.
Los departamentos más afectados por la acción terrorista de los grupos al margen de la ley durante 2015, en su orden, son: Putumayo (25 atentados), Nariño (12), Norte de Santander (8), Casanare (2), Huila y Boyacá con uno respectivamente.
Válvulas ilícitas y hurto de crudo
Pero no solo los atentados contaminan los ecosistemas, también lo hacen las válvulas ilícitas empleadas para el robo de crudo y refinados. Ya que el crudo hurtado es utilizado como materia prima para el procesamiento de drogas ilícitas que han fortalecido en los últimos años las estructuras criminales del país.
“En un mes se logran almacenar cerca de 31 mil barriles en crudo en las refinerías ilegales que producen más de 13 mil galones de nafta que se convierten en más de tres toneladas diarias de pasta de base de cocaína, y si crecen los cultivos ilícitos también aumentará el hurto de hidrocarburos”, asegura Francisco Lloreda.
Por su parte, la apertura de válvulas en Putumayo ha arrojado como resultado más de diez humedales afectados, cuatro estanques piscícolas contaminados, un nacedero en similares condiciones que además converge en la Quebrada Güitoto, y desemboca en el río Cohembí que es tributario del río Putumayo.
Asimismo, el hurto registra en lo que va corrido del año un total de 147.500 barriles, lo que representa un aumento significativo ya que en todo 2014 se registró la cifra de 306.000 barriles hurtados.
Plan de choque contra los grupos terroristas
Sin embargo, a pesar del aumento de atentados, las Fuerzas Militares han impulsado dos planes de choque para fortalecer la seguridad, principalmente en Putumayo y Norte de Santander. Dentro del plan de fortalecimiento se ha incluido el incremento del pie de fuerza, apoyo logístico, análisis de inteligencia, entrenamiento especial y campañas de concientización a la comunidad. Además, se está fortaleciendo la coordinación entre empresas y Fuerza Pública para minimizar la probabilidad de atentados y mitigar los impactos de los mismos.
Junto a esto, se viene fortaleciendo la coordinación entre empresas y Fuerza Pública para minimizar la probabilidad de atentados y mitigar los impactos de los mismos. “Cuando se producen actos terroristas, las empresas activan de inmediato sus planes de contingencia que en algunas ocasiones han costado hasta $5 mil millones de pesos y consisten en el cierre inmediato de las válvulas de oleoducto, la colocación de barreras de contención para evitar que el crudo contamine los cuerpos hídricos y suelos, así como atender las necesidades de la población afectadas”, puntualiza Lloreda Mera, de la ACP.
