El paro camionero que ya cumplió un mes tiene al país en vilo en vista que la situación ha generado desabastecimiento de alimentos en cascos urbanos importantes y una inactividad portuaria que pone en entredicho la seriedad de Colombia en medio del desarrollo del libre comercio.

En un oficio los transportadores le dijeron al ejecutivo que mantienen la inmovilización toda vez que luego del tiempo de negociación no hay puntos de encuentro que permitan decir que el paro terminará pues las ofertas del Gobierno no llenan las expectativas de un sector que se ha venido a menos por los elevados costos de operación y por unas políticas económicas que lesionan el interés del transporte de carga y según la ACC, de todos los sectores productivos.

Los camioneros dicen que el Gobierno sigue defendiendo una posición que no es otra que la de amparar a los generadores de carga que siguen imponiendo el pago de los fletes a tiempo que desconoce la importancia de optimizar el movimiento de equipo que hoy se hace casi que a pérdida.

Esta protesta pacífica se ha tornado compleja luego de las denuncias de los propios camioneros en el sentido de que la Policía con su cuerpo especial Esmad, atacó conductores y a sus familias. La denuncia es mucho más grave si se tiene en cuenta que dentro de los agredidos hay mujeres que son las esposas o las madres de quienes impulsan la inmovilización.

La cruzada pacífica insiste en que el paro implica no mover los camiones, dejando de lado las vías de hecho dentro de lo cual está descartado el cierre o bloqueo de vías principales con el fin de no afectar al grueso de la población que tiene que movilizarse y que no tiene por qué pagar los platos rotos de un incumplimiento estatal.

En diálogo con Diariolaeconomia.com, el Secretario General de la Asociación Colombiana de Camioneros, ACC, Juan Carlos Bobadilla, aseguró que los transportadores están dispuestos a levantar el paro, pero única y exclusivamente con arreglos tangibles que sean la consecuencia de la concertación y el diálogo y no de una promesa, un documento sin peso o la represión expresada en golpes y enfrentamientos con la Policía.

“Desafortunadamente el Gobierno Nacional ha querido dilatar y dilatar el asunto para poder asegurar un compromiso endeble y la verdad el sector transportador de carga no le va a recibir ningún acuerdo que no venga respaldado por normas, decretos o soluciones de verdad. Aquí estamos esperando arreglos y no falsas promesas como pasó con los campesinos o con los indígenas que firmaron por firmar y después no les volvieron a pasar al teléfono”, aseveró el señor Bobadilla.

Los transportadores, indicó, están pidiendo condiciones de competitividad y competencia porque respetuosamente solicitan que bajen los precios de los combustibles, respondiendo a la ley económica de la oferta y la demanda, más cuando el precio del petróleo se desplomó y con él los combustibles líquidos. El pliego pide estabilización en peajes porque vienen alzas del 180 por ciento y la instalación de 17 casetas más, todas de alto costo.

Según el vocero, el gremio no se transa con documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, porque esa es una instancia que tan solo recomienda, pero no traza políticas como si se puede hacer con resoluciones, decretos, reglamentaciones e iniciativas del Congreso.

“El Ministerio de Transporte simplemente deja todo a la deriva para que la industria siga pagando fletes de hambre y para que se embolaten recursos del sector como los de la chatarrización, es decir que no le pagan a las personas que están o estuvieron en el sector y todo se va quedando en palabras, pero no hay un compromiso en el cual quede un compromiso por cumplir con tiempos y montos fijados, sin tanta dilación perversa que conlleve al incumplimiento”, precisó Bobadilla.

Aclaró que en la negociación hay una enorme distancia entre lo que se habla, lo que se escribe y lo que se hace o se debe hacer.

Reclamó del ejecutivo mayor transparencia porque no es coherente ni honesto que los dos billones de pesos que se pagaron por chatarrización no aparezcan por ningún lado. Dijo que es absurdo que en un país no se pueda confiar en el Gobierno porque hoy no está la plata y por ese detalle se están llevando más de 300 familias a la quiebra porque sencillamente no les remunera los carros que chatarrizaron.

Al avanzar en este tema, Bobadilla, comentó que esas familias están en la ruina a causa del no giro de sus dineros por parte del Ministerio de Hacienda. A criterio suyo, hay que hacer precisiones sobre el hueco fiscal el cual es dramáticamente grande y sobre eso, indicó, no se la ha dicho toda la verdad al país.

Sobre los dineros de la chatarrización, el Secretario General de la ACC sostuvo que el asunto es muy grave toda vez que son dineros de destinación específica que al parecer los usaron y que hoy anotan desde el ejecutivo, existen, pero sin dar señales sobre en donde están esos recursos. ”Esa era una plata que no podían tocar porque eran recursos que deberían estar en una fiducia y no tapando los huecos fiscales,ese puede ser un caso elemental de peculado”.

Esmad no debe atacar transportadores

Sobre los últimos eventos que dan cuenta de choques entre transportadores y fuerza pública con el grupo Esmad de la Policía, Bobadilla aclaró que ante la falta de la voluntad del Gobierno por acabar con un problema prefiere acudir hacer uso del Esmad el cual ingresó a parqueaderos como ocurrió en Pereira en donde el saldo no fue solo agresión sino daños locativos y de algunos vehículos. Lo propio pasó en Manizales y Pasto. Para el ejecutivo, hubo casos en dónde la violación de la propiedad privada fue evidente sin que nadie dijera nada. “Ese grupo le pegó a esposas y madres de los camioneros que estaban cocinando, solo porque no estaban trabajando”.

Como dato delicado y para tener en cuenta, Bobadilla acusó a la Policía de querer provocar a los conductores tirándoles la comida preparada o simplemente dañándola con partículas o agentes que la deterioraron. “Enviamos unos videos en donde quedaron registrados unos policías tirándole piedra a los campamentos y a unos carros para incentivar la confrontación lo cual es condenable y muy serio”.

Una condición para poder retomar los diálogos es no tener retenidos ni provocar a los transportadores que están protestando pacíficamente.

Evento que pone en duda el proceso de paz

El Secretario General de la Asociación Colombiana de Camioneros, ACC, Juan Carlos Bobadilla, afirmó que todo lo que está pasando con los transportadores, campesinos e indígenas que demandan del Gobierno justicia y equidad para poder ser viables económicamente, deja un manto de duda de cara a lo que será el proceso de paz porque no es comprensible que al que pide o negocia un pliego, antes que escucharlo y entenderlo, se le mande la fuerza pública como escudo para no cumplir.

Los transportadores fueron claros al decir que La paz debe comenzar con las acciones del gobierno que debe negociar al amparo de una protesta pacífica y sin ningún tipo de revanchismo porque la verdad es clara y no admite discusión o agresividad.

“La Fuerza Pública no está diseñada para pegarle a los que pacíficamente y avalados por la Constitución Política protestan, no esa fuerza se creó con el fin único de resguardar la vida, honra y bienes de nosotros los colombianos de bien”, expresó.

Recalcó que es muy complejo que el país esté tomando unos tintes amenazantes y peligrosos que no son buenos para el futuro de la nación y por eso llamo la atención de las ONG, organizaciones de Derechos Humanos y otras entidades estén pendientes porque no puede seguir haciendo carrera el intimidar para no cumplir los compromisos sobre la base de necesidades existentes y reconocidas desde el aparato gubernamental.

“Aquí no hay mentiras tan solo acuerdos firmados e incumplidos. Es bueno aclarar, los camioneros solamente nos levantamos de la mesa con soluciones tangibles, con hechos. Nosotros no pedimos sino nos dejen trabajar, que nos respeten nuestro capital, nuestros puestos de trabajo, pedimos comedidamente que descarten el eliminar o cambiar el uno a uno en matriculas de vehículos, es decir no acabar con la vida útil de un camión por simple capricho. Queremos se cumplan los fallos de la Justicia, el primero el del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en cuanto a la matrícula de vehículos y segundo el del Consejo de Estado que habla del Fondo de Estabilización de Combustibles para que estos bajen y le den competitividad al país. Es bueno precisar que de cada 100 pesos el Gobierno se lleva 70 pesos en peajes y combustibles y nos deja solo 30 para salarios, llantas, aceites, mantenimiento y operación en general acabando con el margen de sostenimiento y la renta camionera”, especificó.

Dice la ACC que el Gobierno cogió el precio de los combustibles como un elemento de fácil y millonario recaudo en menoscabo de la competitividad

Los camioneros denunciaron que por citar un ejemplo, en los primeros meses de 2016 los transportadores debieron transitar por trochas al Campo Rubiales con fletes reducidos hasta en un 40 por ciento.

Además de todo, los transportadores de carga por carretera están pidiendo la entrega inmediata de obras de infraestructura como el Túnel de la Línea, increíblemente inaugurado en tres ocasiones y la vía Lobo Guerrero-Buenaventura que con su demora redundará en sobrecostos, escándalos y demandas.

Hay temas de vivienda, educación, salud, seguridad y calidad de vida que también están en el acuerdo con el Gobierno, pero por encima de todo los transportadores están pidiendo seriedad en la negociación para poder levantar un paro que ya castiga la economía y las metas del Banco de la República, con la certeza que ojalá no haya más reclamos o inmovilizaciones en adelante.