Por estas calendas, ocupa el primer plano del debate nacional la discusión sobre el trilema de la soberanía, la seguridad y la autosuficiencia energética, exacerbado por el agotamiento de las reservas de hidrocarburos de propiedad del Estado (Art. 332 de la Constitución Política) y la inminente crisis en el suministro de gas. Ante este panorama, surge una pregunta ineludible: ¿cuál ha sido el nivel de protagonismo y la presencia real de los profesionales petrotécnicos en las posiciones de comando y dirección del sector en el país? ¿Existe verdaderamente una meritocracia para la ingeniería de petróleos?
La Ley 20 de 1984 reglamentó el ejercicio de la profesión de Ingeniería de Petróleos, creó su respectivo Consejo Profesional (CPIP) y estableció el requisito ineludible de título y matrícula profesional para ejercer en el territorio nacional. Asimismo, reconoció a la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet) como cuerpo técnico consultivo del Gobierno Nacional en la materia, destacando su rol fundamental para el desarrollo del país.
Sin embargo, al revisar cuántos ingenieros de petróleos han tenido la oportunidad de presidir en propiedad (no por encargo) a Ecopetrol S.A. en sus 75 años de historia, nos encontramos con un único caso: Francisco José Chona Barbosa, egresado de la UIS, quien ocupó el cargo entre 1986 y 1990. Curiosamente, liderar la principal empresa petrolera del país ha sido un privilegio reservado para profesionales con formación en ingeniería civil, mecánica y química o, con mayor frecuencia, para economistas, administradores, abogados y políticos, relegando históricamente a los profesionales del subsuelo, muchos de ellos con fuertes competencias financieras, administrativas y de liderazgo, no tanto políticas.
La escasa presencia de especialistas petroleros se ha hecho extensiva a otras instituciones estratégicas del Gobierno, como la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), entidad que desde su creación en 2003 quedó a cargo de la administración integral del recurso petrolero de la Nación. Entre sus funciones, además de la firma y el seguimiento a los contratos petroleros, la ANH debe fiscalizar y emitir los reglamentos con las mejores prácticas para las operaciones de subsuelo. Su labor es garantizar la explotación racional, la maximización del factor de recobro, el control de la declinación de los yacimientos y asegurar el inventario de recursos y reservas del país; todas ellas actividades que competen intrínsecamente disciplinas petrotécnicas.
Elaboración propia con datos ANH
No obstante, un análisis —apoyado en inteligencia artificial— de la información pública del directorio de profesionales de planta de la entidad para el año 2024, arroja un panorama revelador: de un total de 125 profesionales distribuidos en nueve áreas, solo el 19 % corresponde a perfiles petrotécnicos, y de ellos, apenas un 8 % son ingenieros de petróleos. En contraste, abogados, administradores y economistas acaparan cerca del 50 % de la nómina. Esta tendencia se acentúa en la contratación externa: una revisión de los contratos de prestación de servicios a junio de 2026 muestra una abrumadora predominancia de abogados, quienes superan en más del doble a los ingenieros de petróleos contratados.
Si esta distribución corresponde a la entidad rectora y fiscalizadora de los hidrocarburos en Colombia, es evidente que el perfil técnico especializado se encuentra en una franca minoría. Esta desproporción compromete seriamente su capacidad para asegurar su objetivo misional: la optimización técnica, económica y sostenible del patrimonio petrolero, la autosuficiencia, la soberanía y seguridad energéticas del país.
Ante esta realidad, el Gobierno Nacional —Ministerio de Minas y Energía y la ANH—, así como el CPIP, Acipet e incluso Ecopetrol, tienen la palabra sobre el verdadero acatamiento del espíritu y la letra de la Ley 20 de 1984.
