Aproximadamente veinte empresas de la industria petrolera en Colombia han solicitado admisión a trámite de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades durante el primer trimestre de 2015. Con este mecanismo las firmas vinculadas al sector petrolero podrán evitar su liquidación.
La firma Urazán & Abogados Asociados que lleva el proceso de varias empresas del gremio petrolero explicó que factores tales como retrasos e incumplimientos en el pago de nómina, de aportes a la seguridad social, la no cancelación de prestaciones sociales e impuestos así como la no retribución a proveedores son síntomas inequívocos de que las empresas están entrando en una fase de insolvencia económica.
En entrevista concedida a Diariolaeconomia.com, el gerente general de la firma Urazán & Abogados Asociados, Juan Carlos Urazán Aramendiz, afirmó que en efecto tras la compleja situación del sector que tiene sus orígenes en una crisis externa, las empresas llegaron a esa situación y por eso acudieron a la figura de insolvencia.
Aclaró que no necesariamente la situación depende del manejo de las empresas sino de coyunturas exógenas que serán aún más complicadas en la medida que el dólar no cambie la tendencia a la baja, situación más difícil si se tiene en cuenta que en los cálculos de los expertos se percibe que la depreciación del peso continuará por un tiempo importante.
“Realmente no va a ser fácil que el sector vuelva a tener esas etapas boyantes que lo han caracterizado en Colombia durante los últimos años, sin embargo no puede desconocerse que Colombia es un país dependiente en un porcentaje muy alto del petróleo, de los precios internacionales del crudo, de las exportaciones que de ese producto se hacen. En consecuencia al estar los precios tan deprimidos, no solamente es el sector petrolero el que se ve afectado sino un grueso de fragmentos que tienen afinidad con ese renglón económico pues hay un efecto en cadena que redunda en una afectación general para la economía nacional”, explicó el jurista.
En opinión del jurisconsulto, la situación de hoy es bien delicada porque hay demasiado empleo de por medio que se puede perder y que tendría de manera directa un impacto adverso sobre el consumo y en general sobre la demanda de bienes y servicios. “Con esos indicadores en el petróleo se deprime la economía con las respectivas consecuencias económicas y que tienen que ver con saldos nefastos que implican una desaceleración en el ejercicio económico de la nación”.
Según Urazán, el número de empresas afectadas en su patrimonio puede ser muy superior a las veinte mencionadas inicialmente porque aunque es distinto que se diga que hay un número determinado de empresas que le han solicitado a la Superintendencia de Sociedades acogerse a un trámite de reorganización o de recuperación empresarial, lo cierto es que por lo menos un 90 por ciento de las empresas del sector petrolero están afectadas.
“No es lo mismo un barril de petróleo sobre los 100 dólares al precio actual que bordea los 50, luego quiere decir que los ingresos de una compañía se han afectado en forma importante y eso tiene unas consecuencias económicas graves, sin embargo puede pasar que por diversas cuestiones de orden económico o de los planes de negocios que en estas empresas se manejan, hoy estén en una condición un poco más favorable que aquellas que ingresaron ya a trámite de reorganización, pero en la medida en que ese sector esté como se encuentran a la fecha, realmente muchas más empresas, necesariamente tendrán que acudir a mecanismos de recuperación con el fin de evitar su liquidación”, declaró el representante.
SOS en el empleo
El abogado Urazán insiste en que el gran lío de la coyuntura es el alto riesgo que corre el empleo porque están de por medio en el corto plazo entre 200.000 y 250.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
Agregó que si una empresa en dificultades logra tomar decisiones a tiempo, muy seguramente experimentará una recuperación con los mecanismos como el de la ley de insolvencia, tirándole un salvavidas al empleo.
“Bajo este esquema me atrevería a decir que podría salvarse el 70 por ciento de los empleos porque fundamentalmente el objetivo esencial de una ley de insolvencia económica a través de las vías de reorganización es mantener el empleo, eso es fundamental”, explicó Juan Carlos Urazán.
Hay que aprender la lección
Para Urazán & Abogados Asociados, el tema del manejo contable y presupuestal de las empresas es definitivo para evitar contratiempos pues hay firmas petroleras que fijan sus presupuestos muy por debajo del precio de mercado petrolero.
“El caso específico por ejemplo es el de Pacific, que está atravesando por una situación de dificultad propiciada por lo que ya aquí hemos conversado, pero digamos que ellos tienen un estimativo que está alrededor de los 32 dólares por barril de petróleo, mientras esté por encima de ese valor la operación continúa aun siendo viable y por supuesto menos rentable al caer esos valores llevando a la empresa a una situación absolutamente caótica y nefasta, pero específicamente lo que aquí se está diciendo es cierto, se requiere de concientización de que una empresa incluso en épocas de abundancia también debe saberse manejar, adoptando medidas que le permitan operar sin líos cuando llegue una situación de dificultad con pleno control y un manejo”, comentó el abogado.
Varios subsectores en aprietos
Urazán abogados es una firma que se ha dedicado con exclusividad a resolver y a atender temas de empresas en situación de crisis y en ese orden está llevando casos de empresas de diversa índole. Actualmente y por el lánguido comportamiento del petróleo, tiene como clientes a empresas del sector de servicios, empresas de ingeniería, del sector minero-energético y en general de los más diversos ramos de la economía nacional. “Lo de hoy es apenas una coyuntura propiciada por el tema de los precios deprimidos del petróleo, pero lo que es cierto y concreto es que en cualquier condición de la economía nacional muchos sectores se ven afectados económicamente y por eso tienen que acogerse a los trámites de reorganización como mecanismo para evitar su liquidación”.
Los escenarios de apertura y libre comercio pesan
Una de los aspectos a tener en cuenta es que en la medida en que van madurando los acuerdos comerciales se observa que más empresas van cerrando puertas, van bajando la persiana porque se hace visible una fragilidad como consecuencia de la falta de competitividad y cognición de los mercados y sus exigencias.
Urazán dijo que este tema ha generado un amplio debate desde la apertura de 1991 hacia estos tiempos de los TLC en donde se identifica la falta de competitividad como el gran problema y la causa de cierres de factorías o cambios súbitos de actividad económica.
“Desafortunadamente en Colombia, aunque desde mi punto de vista era necesario impulsar la apertura económica y explorar nuevos mercados, la desgravación arancelaria llegó en un momento de atraso competitivo por la falencia en vías, en puertos y aeropuertos así como en la falta de mejores sistemas legales en la parte normativa e impositiva”, precisó.
“Hoy seguimos muy rezagados en esos campos y nos dejamos coger ventaja de los países vecinos y con los que hemos venido haciendo tratados comerciales pues están por supuesto en condiciones de mucha más favorabilidad”, indicó.
Sobre el tema inversión extranjera, Urazán dijo que Colombia ha mejorado en la parte contractual, dándole más confianza al inversionista. Sostuvo que si bien el país ha avanzado en ese frente, en el de las reglas de juego y en la normatividad, aún no se ha hecho lo deseable porque siguen presentándose casos en donde las normas cambian de una u otra manera en forma muy rápida y eso necesariamente afecta la inversión que es el indicador de tranquilidad de esos capitales.
Para tener en cuenta
El experto en derecho, dijo que como en todo sector y como en la vida la prevención es clave para evitar colapsos y por ello hizo unas recomendaciones que consideró claves para salir adelante frente a cualquier situación de riesgo.
“Al ser causas externas las que motivan la crisis actual y que no depende de la voluntad de esos empresarios, pues por supuesto las factorías y los operadores tienen que estar muy alerta para establecer cuál es la situación específica de sus empresas.
Desde aquí recomendamos a las empresas adelantar una labor de tipo gerencial para poder detectar en qué fase o en qué etapa de dificultad económica se encuentra la firma. Las empresas deben identificar igualmente en qué fase de insolvencia están”, afirmó.
Explicó que las empresas deben tipificar en medio de los problemas si están en una fase pre o si ya entraron en una fase final de insolvencia. Expuso que esos inconvenientes se identifican mirando la morosidad de sus principales obligaciones, es decir las laborales, las fiscales, las relativas a la seguridad social y el pago de proveedores. “Si es una morosidad superior a 90 días, es el momento de tomar decisiones radicales porque de no hacerlo y mientras más tiempo dure una empresa en insolvencia, más difícil será volverla a florecer”.
De los concordatos a la ley de insolvencia
Para Urazán, es natural que a ningún Estado le conviene la quiebra de empresas, porque eso por supuesto tiene impacto sobre el empleo, sobre el consumo, el crecimiento y demás aspectos macroeconómicos.
Anotó que en consecuencia cuando se presentan situaciones de crisis mayúsculas, el Estado es el principal llamado a través de mecanismos recuperatorios incentivar que las empresas no entren en liquidación. “Pasó en el año 1995 con la ley 222, en 1999 con la ley 550 con la crisis hipotecaria, luego viene nuestra nueva normatividad concursal que es la 1116 con lo que se pretendió pues, por supuesto que empresas con un alto contenido de viabilidad se acogieran a mecanismos como el contemplado en la ley de insolvencia, especialmente al de reorganización para superar situaciones coyunturales de la economía”.
Todo esto, aseveró, se hizo para proteger el crédito, el empleo y la misma economía. Aseguró que ahora con las normas o con las modificaciones normativas, simplemente lo que se ha pretendido hacer es flexibilizar los acuerdos, hacer más fáciles las negociaciones que se deben dar entre deudores y acreedores. A criterio suyo, de allí es donde fundamentalmente se están dando las principales modificaciones normativas en las leyes concursales no sólo en Colombia sino a nivel mundial.
