No en vano, según datos del Censo Nacional Agropecuario, casi uno de cada dos campesinos (el 44,7 %) vive bajo el umbral de la pobreza en un país en el que el 0,4 % de los propietarios tiene el 46 % de la tierra, una condición de desigualdad que ha sido caldo de cultivo para la mayor parte de las guerrillas que han operado en el país.

Tanto las FARC como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las dos que todavía tienen presencia significativa en el país, siguen teniendo sus bases en áreas rurales donde reclutan a la mayor parte de sus integrantes.

A esa influencia se suma la agreste geografía de un país donde en apenas unos kilómetros la orografía andina da paso a desiertos, selvas y manglares que multiplican la complejidad del combate y elevan el valor del conocimiento del terreno que tienen los campesinos.

Ese carácter rural de los grupos armados se plasmó en la agenda de negociaciones de paz que actualmente desarrollan el Gobierno y las FARC en La Habana, donde los diálogos se iniciaron con el punto de "tierras" como eje.

También sobre ese asunto se consiguió el primer acuerdo entre ambas partes, lo que se consideró un síntoma de que algo podría cambiar en el país.
Como parte de ese principio de cambio, el Gobierno prepara una reforma agraria que prevé la creación de un banco de tierras para los campesinos más necesitados y que se alimentará de la recuperación de baldíos, restitución de tierras y compra de predios privados.

Con ese proyecto buscan favorecer el desarrollo y la modernización del sector agrario así como garantizar que los campesinos que se encuentran en una peor situación tengan acceso a tierras.

El Gobierno sabe bien que esa va a ser una de las claves para consolidar la paz en el país después de más de medio siglo de guerra.
Conseguir y consolidar la paz en las regiones se ha convertido en poco menos que una letanía para un Ejecutivo consciente de que la pobreza podría arrastrar a los campesinos de nuevo a engrosar las filas de las guerrillas.

Además, en un país sitiado por la violencia y acostumbrado a la muerte en el día a día, en las zonas rurales en las que el Estado ha estado ausente durante décadas hay una posibilidad real de que las bandas criminales ocupen el espacio de las guerrillas tal y como sucedió en los países centroamericanos.

Eso ya comenzó a reproducirse tras la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006. De aquel grupo armado nacieron bandas como el Clan Úsuga, considerada hoy la mayor del país.

A su frente, Dairo Antonio Úsuga, alias "Otoniel", ejemplifica bien la deriva violencia del país. En su juventud se unió a la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL) de corte maoísta.

Posteriormente abandonó ese grupo y se unió a las AUC en una espiral que le llevó años después a convertirse en uno de los capos más buscados del país y solicitado en extradición por Estados Unidos.

La receta que aleja al campo colombiano de la violencia parece difícil de pergeñar especialmente si se tiene en cuenta que en los últimos dos años se ha incrementado la producción de coca en el país.

Ese es uno de los grandes estigmas de un campo en el que el Gobierno también ha invertido numerosos esfuerzos para conseguir que se sustituyan los cultivos ilícitos por otros tradicionales como el café o el cacao.

En ese aspecto la educación, uno de los pilares del actual Gobierno, será el nuevo campo de batalla, ya que actualmente la población rural tiene un escaso acceso a la escuela.

Entre los menores de cinco años que viven en el medio rural solo un 16 % asiste a un jardín de infancia, mientras que la población entre 17 y 24 años un 25,4 % sigue recibiendo educación.

Por otra parte, el 11,5 % de la población del campo mayor de 15 años no sabe leer ni escribir, unos datos que muestran una drástica disminución frente a la situación hace diez años pero que sigue siendo preocupante. EFE