Los mineros colombianos denunciaron que toda la negligencia del gobierno en materia de minas tienen la inversión extranjera a las puertas de una salida masiva como consecuencia de los vacíos de ley que tienen a más de uno muy cerca de ganar demandas e indemnizaciones.

En una entrevista concedida a Diariolaeconomia.com, el presidente de la Confederación Colombiana de Esmeralderos (Confedesmeraldas), Germán Suárez Bernal, indicó que a la fecha la minería se caracteriza por la exclusión social, por el abuso con la minería tradicional que fue tan solo incluida en el terrible índice de señalados en el país, en lo que se llama la criminalización de un oficio ancestral que daba ejemplos de economía paralela toda vez que mezclaba extracción de minerales con labores agropecuarias.

Todo ese escenario, comentó Suárez, hizo que el sector minero se afianzara como el menos apreciado por la sociedad colombiana e internacional por cuanto en Colombia campea orondo el abandono y en donde la ineficiencia estatal está a la vanguardia, conllevando a la injusticia, a la confrontación y al olvido, sirviendo de excusa para el lavado de dinero.

Riqueza pignorada

En opinión de Suárez Bernal, lamentablemente la riqueza colombiana pasó a manos de extranjeros por los compromisos adquiridos por el ejecutivo como fue el caso del Plan Colombia. Expresó su malestar porque el país no aprendió de la historia ni de los saqueos hechos por europeos a la América de Colón. “Los antecedentes pasaron por debajo de la cerca y hoy vemos un país con mucho, pero sin nada”.

Explicó el dirigente gremial que en tiempos de la administración Pastrana arrancó una ofensiva minera que entregó suelos y proyectos a la inversión extranjera con muy pobres impactos sociales para el país. Apuntó que esa iniciativa quería que dicha inversión pasara de la flaca cifra de 463 millones de dólares anuales en inversión a más de 20.000 millones de dólares.
“Eso era necesario porque una nación en donde no hay presencia del estado en cerca del 60 por ciento del territorio urge de inversión y el asunto era canalizar dólares para desarrollar al país, pero el efecto no fue el esperado por la comunidad minera”, adujo el señor Suárez.

Aclaró que en Colombia hay una mala concepción de la inversión extranjera pues la minería tradicional es muy consciente que está es necesaria para empujar el progreso, empero, con inclusión y repartición ecuánime de los recursos explotados. Deploró que el modelo económico impulsó una política de desplazamiento del minero tradicional, desnudando una problemática administrativa y legal en los procedimientos. “Tan grave es el asunto que hoy el código minero adolece de piso jurídico exponiendo a muchos a perder el monto de sus inversiones. Ese vacío le dará a mano a más de un abogado que con una mínima demanda gane lo inimaginable”.

Al abordar el tema social, el presidente de Confedesmeraldas dijo que no se compadece con la realidad fiscal de Colombia, las precarias condiciones de los habitantes de la Amazonía y Orinoquía que no cuentan con las mínimas condiciones de salubridad, de servicios públicos, infraestructura vial o educación.
“Con todo ese olvido e ignorando la necesidad de construir una carretera o un ferrocarril para coadyuvar con la economía primaria, es fácil reconocer la fuerza del narcotráfico y de todo espurio”, declaró.
Germán Suárez culpó al modelo económico de todo el subdesarrollo que llevó a Colombia a reportar las más alarmantes cifras de pobreza, miseria y descomposición social. Criticó el acopio de proyectos de infraestructura vial y férrea por ese afán estatal de abrir todo a la inversión con el agravante de no trazar ni siquiera en la orilla de lo arbitrario las tan reclamadas reglas de juego.

Del agua pura y la vida, al mercurio y la muerte

La minería colombiana reconoce que hay cosas que se hacen, pero se hacen mal porque ya no se habla de la minería de vieja data en donde se reinyectaba capital en la finca y se cuidaba el medio ambiente. Hoy, dice Suárez, entra cualquier inversionista que llega y arrasa con montañas, con los bosques y la selva húmeda. No menos preocupante es el impacto en los ríos y en las reservas acuíferas en donde caen desechos tóxicos como mercurio y otros insumos letales utilizados en la minería del oro. “El gran culpable de todo esto es el estado porque si uno revisa el caos ambiental, el gran contaminador es el mismo aparato gubernamental y no vasta sino observar que pasa con los ríos de ciudades como Bogotá, Medellín o Cal en donde hay vertimientos importantes”.

Los líos, manifestó, han crecido por la ambición y pretensión de entregar los recursos del país sin un marco jurídico definido. “En el gobierno Samper se entregaron 190 títulos mineros que no superaron las 200 hectáreas, con Uribe se otorgaron más de 5.900 títulos mineros con proyectos de 1.000 hectáreas como mínimo”.

El cuidado ambiental a criterio de los mineros es muy reciente porque apenas cumple 15 años. De todas maneras el también presidente de la Asociación de Mineros del Norte de Boyacá, hay que apostarle a la minería con proyectos agromineros mirando seguridad alimentaria y calidad de vida en los campesinos.

Suárez instó al gobierno y a la misma industria a incentivar la adquisición de nuevas tecnologías para dejar de lado el pico, la pala y el burro lo cual no se entiende en pleno siglo 21. Anotó que a todo lo anterior hay que sumarle respeto por las comunidades e inyección de capital y progreso en las zonas productivas que hoy son las más miserables del país. “Eso demuestra que la política minera ha sido un fracaso total porque en lugar de trabajar por los mineros colombianos, lo que ha hecho es discriminar y criminalizar, aspecto que no tiene asidero constitucional lo cual está reflejado en la Comunidad Andina de Naciones sin contar que fue violado el debido proceso con la destrucción de equipo entre otros aspectos”.

Indicó que la inexequibilidad de la ley 1382 trajo problemas de titulación lo que definió como el verdadero origen del problema minero. La minería reclama inclusión más no persecución.

Sobre el modelo económico, Suárez Bernal dijo que no hay que pensar única y exclusivamente en adoptar el americano para dejar de lado el adefesio que implica el consenso de Washington, sino que se puede pensar en un modelo inspirado en la realidad nacional tal y como ocurre exitosamente en Ecuador, país que hoy muestra altas tasas de desarrollo y de inversión en infraestructura vial y férrea. “Hace 15 años Colombia era el coloso del norte para Ecuador y hoy ese país nos da una lección de progreso sin arrodillamientos y sin la entrega de la riqueza a los capitales extranjeros que siguen operando allí, pero sin extralimitaciones”.

De otro lado también se muestra como ejemplo Bolivia, país al que se miró con desdén, pero que hoy avanza admirablemente. “En esos países no hay gobernantes con carta real sino que hay verdaderos representantes del pueblo que trabajan para el mismo”.

Precisó que el papel de los mineros tradicionales es el de subirse en la locomotora que tiene como eslogan la legalización de sus proyectos lo cual ha sido imposible por la incompetencia del gobierno en cabeza de la Agencia Nacional de Minería que no da las herramientas para concretar la formalización.

“La reforma al Código Minero está pendiente desde hace 20 años por orden de la Corte Constitucional, hoy estamos a la espera de un mecanismo transitorio porque la ley será de cuatro años, pero si es urgente tramitar en las comisiones quintas de Senado y Cámara una ley ordinaria que sea el verdadero código minero para no estar de tumbo en tumbo y de decreto en decreto porque aquí se cambia la política minera cada ocho meses”, sostuvo.

Advirtió que los negocios del estado tiene problemas en la titulación que desconoció derechos de los mineros ancestrales, además porque se titularon páramos, zonas de reserva, pantanos y reservas acuíferas. Por eso, explicó están en las correcciones a las concesiones en los páramos de Pisba y Santurban. Hoy se está actualizando la famosa línea Humboldt, es decir la que delimitaba las áreas de paramo, pero por encima de esa restricción titularon las zonas de páramo y de recarga de acuíferos, zonas de reserva y todo lo intocable.

“Por todo esto y por otras arbitrariedades y errores, se pueden desmoronar muchos contratos del estado porque hay aprobaciones indebidas que atacan la institucionalidad y el mandato internacional que promueve el cuidado del ecosistema”, concluyó.